Los medios de formación de masas masacraron al maquinista nada más empezar: se le declaró culpable sin remedio, sin juicio, sin pruebas, sin investigación, sin protección de sus superiores en la cadena de gestión. Como siempre. Se daba información parcial, por capítulos, sugiriendo siempre al final de cada capítulo una responsabilidad sin cuestionamiento posible: hablaba por teléfono durante el momento crítico, por ejemplo. La necesidad de vender periódicos al precio que sea dejaba para el día siguiente el hecho de que hablaba con su supervisor y la llamada era de carácter laboral. Los jefes callaban.
Mientras tanto, las ratas se escondían aliviadas por haber conseguido que el foco principal estuviera sobre el único tipo decente en la cadena de responsabilidad: el maquinista. Él dijo desde el principio que tenía responsabilidad y que pagaría por ello. Es el único que asumió su parte.
El resto se parapeta detrás del primer refugio que encuentra. Si disparan al maquinista, ellos están a salvo. Somos tan previsibles que el ritual del chivo expiatorio sigue funcionando en nuestro país con una eficacia extrema.
Los políticos de nuestro país tienen entre otros privilegios intolerables el de poder influir sobre el poder judicial cuando conviene. Sólo así se entiende que un juez haya tenido la desfachatez - ni más ni menos que en el tribunal supremo, desde entonces y sin remedio con minúsculas - de decir que para que haya tráfico de influencias debe haber fuerza. Como si los traficantes de influencias traficaran con la pistola en la mano. Qué mierda.
Sin embargo, y ahí aparece un destellito de esperanza, un juez ha decidido que la estructura de gestión también es responsable en el asunto del descarrilamiento del día 24 de julio de 2013.
Pepiño, el ministro de gasolineras, inauguró el tramo del siniestro accidente antes de tiempo, según dicen los periódicos. Su sucesora no corrigió las deficiencias que aquel acto de autobombo impúdico pudo acarrear. Los ministros de fomento, sus secretarios y así hacia abajo por la estructura de ADIF, son responsables políticos y gestores. Deben aclarar su responsabilidad, asumirla y después dimitir. O seguir contribuyendo al deterioro de nuestro sistema político, que ya es exasperante no sólo para mandriles trasnochados como yo, también para todos los demás ciudadanos.
Todos sabemos que personas de la calaña de un ministro actual, promocionado por el sistema político actual, es capaz de inaugurar cualquier cosa cuando le conviene, sin tener en cuenta parámetros técnicos o de seguridad que seguramente ni siquiera está formado para entender. Como ciudadanos estamos obligados a exigir que todos los responsables políticos involucrados, especialmente los dos ministros de fomento y sus secretarios de transporte, además de los responsables técnicos, dimitan. Para dejar claro que no vamos a permitir más chivos expiatorios. Para que no asuman los privilegios de sus cargos sin aceptar responsabilidad alguna.
O bien podemos seguir disparando sobre el maquinista. Siempre sabiendo que mañana el maquinista puede ser cualquiera de nosotros.
